Una vez
más, la mala intención, la incultura y, por supuesto, la nula capacidad
informativa de la que hace gala este gobierno nos llevan a que muchos españoles
se hagan una idea equivocada de lo que en realidad se esconde detrás de alguna
que otra noticia.
Hace
unos días, me encontraba en un concurrido lugar y de pasada pude oír el
siguiente comentario: “¡Qué barbaridad! El gobierno nos quita unos cuantos
canales de televisión. Como siga así, nos va a dejar con lo puesto, después de
todo aquello de lo que nos ha despojado”. Podría ser una observación bastante
buena y ajustada a la verdad, si hubiese sido precisamente eso, verdad. Pero no lo es, y el gobierno, demostrando una
vez más su insolvencia comunicativa, no lo desmiente ni revela la verdad. No
toma, tampoco, medidas judiciales contra los que difaman propagando esa especie
(verbi gratia, los canales
afectados).
En
realidad, siguiendo información proporcionada por el diario “El País”, no
precisamente de tendencia gubernamental, fue simple y llanamente una ilegalidad
cometida por el anterior Presidente de Gobierno, señor Zapatero, y su Consejo
de Ministros, en sesión de 16 de julio de 2010. Esa medida fue anulada por
Sentencia de 27 de noviembre de 2012 del Tribunal Supremo, que determinó que el
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no respetó la Ley General de
Comunicación Audiovisual y asignó a los
propietarios de licencias “canales adicionales” en la TDT sin concurso público,
por lo que se excluyó del mercado a “nuevos jugadores” interesados en prestar
servicios de televisión.
Vamos,
que el Tribunal Supremo condena la actuación del señor Rodríguez Zapatero y su
gobierno por haber dado los canales a conveniencia, sin haber tenido que presentarse
a concurso público con todos los demás, como señala la Sentencia aludida,
que ordena cerrar estos canales por
haberse saltado la ley y haber sido adjudicados a dedo.
Así que no
mientan más al público las cadenas implicadas y perjudicadas, diciendo que las
cierra el actual gobierno. Que no, que las cierra la Sentencia de 2012 dictada
por el Tribunal Supremo por haber sido concedidas sin ajustarse a derecho.
Mal a
este gobierno por no informar bien a la ciudadanía y haber permitido el equívoco,
y bien a la Justicia por haber estado a la altura de las circunstancias. Espero
y deseo que se mantenga en esta línea de aciertos. La ley debe ser igual para
todos y hay que dejar bien claro que el que no la cumpla sufrirá sus
consecuencias.
Así sea.
Así sea.
Es una lástima que mucha gente no repare en medios, incluida la mentira consciente, para lograr algún fin que beneficie sus intereses. Buen artículo, claro y contundente.
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